Sentandreu anuncia la interposición de una querella criminal por prevaricación contra el ex presidente de las Cortes Valencianas por la aprobación del Reglamento de Pensiones



01 de octubre de 2007


Tras haber recibido el Expediente Administrativo en el recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales iniciado por Coalicio Valenciana contra el Reglamento de las Pensiones de los diputados, el presidente de Coalicio Valenciana considera que existen argumentos jurídicos de peso suficientes para plantear una querella por un delito de prevaricación contra el que fuera presidente de las Cortes Valencianas, así como contra los otros miembros que conformaban la Mesa de las Cortes Valencianas y la Comisión de Gobierno Interior.

Juan García Sentandreu señaló que con el Expediente Administrativo se están demostrando las gravísimas irregularidades que se han producido en la tramitación y aprobación del Reglamento de Pensiones, todo ello evidentemente con la connivencia del presidente de las Cortes Valencianas.

Para el líder valencianista resulta evidente que el presidente de las Cortes Valencianas, desoyendo al servicio jurídico de la institución, decidió seguir con un Reglamento injusto, en el que nuestros diputados se autoconceden unas pensiones y prebendas al margen de las que la Seguridad Social marca para todos los españoles.

Sentandreu instó al PSOE e IU a desvincularse formalmente de toda la tramitación y aprobación del Reglamento de Pensiones de los diputados, para lo cual, propuso la presentación de una iniciativa parlamentaria en la que el Parlamento valenciano desautorice la gestión de Julio de España en la aprobación viciada del Reglamento de Pensiones de los diputados.

El presidente de CV indicó que de cara a la ciudadanía, las Cortes Valencianas debían dar una señal evidente de que cuando las cosas se hacen mal, nuestra clase política es capaz de reconocerlo y “echar marcha atrás”. Desde Coalicio Valenciana se ha indicado que conforme establece el Código Penal, Julio de España y el resto de miembros de la Mesa de las Cortes del PSOE e IU podrían ser castigados con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de hasta diez años.


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