Coalicio
Valenciana advierte al Partido Popular de la Comunidad Valenciana
que tomará todas las medidas legales oportunas para que se
respete la Constitución española y los derechos de
los valencianos a elegir en libertad a sus representantes políticos
en las próximas elecciones.
La formación liderada por Juan García Sentandreu ha
señalado que con la reforma de la Ley Electoral de la Comunidad
Valenciana, los dos grandes partidos nacionales están demostrando
su nulo interés en permitir la pluralidad en el parlamento
valenciano.
El líder valencianista acusó al presidente Camps de
actuar en este tema como un verdadero cacique que intenta impedir
que la Comunidad Valenciana avance hacia un verdadero parlamentarismo
democrático, queriendo mantener la barrera electoral más
alta de las existentes en toda España.
Así mismo, Sentandreu acusó al PSPV de estar jugando
al desgaste del PP valenciano, sin ninguna otra finalidad que la
de conseguir un rédito político en las próximas
elecciones, ya que si verdaderamente hubiera tenido un interés
en bajar la barrera electoral al 3%, lo hubiera tenido que haber
defendido con más firmeza en la negociación de la
reforma estatutaria, cuando el Sr. Pla hizo el mayor de los ridículos
en este tema.
Al final, como denunció Coalicio Valenciana, la reforma del
Estatuto valenciano estaba totalmente viciada y se realizó
sobre una base de mínimos con el objetivo de que Camps y
Zapatero pudieran hacerse una foto de consenso.
Para Coalicio Valenciana, la solución a este problema debe
pasar necesariamente por la reducción de la barrera de acceso
a las Cortes Valencianas al 3%, o en todo caso, por aplicar la Ley
General Electoral, ya que el articulado del propio Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana invalida parcialmente la Ley Electoral
de la Comunidad Valenciana y es imprescindible su modificación
con mayoría de 2/3 para que pueda seguir aplicándose,
ya que en caso contrario y de no existir acuerdo entre PP y PSPV,
deberíamos de acudir necesariamente a la Ley General Electoral.
Pretender utilizar un decreto del presidente Camps para ajustar
a derecho ciertos aspectos legislativos que han quedado obsoletos
con la nueva redacción del Estatuto, supondría un
fraude de ley y una irregularidad de tal calado que podría
provocar la suspensión cautelar del proceso electoral autonómico
en la Comunidad Valenciana.