El presidente de Coalicio Valenciana, formación política
que tiene recurrido ante el TSJ de la Comunidad Valenciana el Reglamento
de pensiones de los diputados, ha formalizado hoy la presentación
por registro de entrada de las Cortes Valencianas de un escrito
dirigido a los tres grupos parlamentarios con representación
en el parlamento valenciano.
En
ese escrito, Sentandreu insta a los actuales grupos parlamentarios
a personarse en calidad de codemandantes en el recurso contencioso-administrativo
por vulneración de derechos constitucionales iniciado por
la formación valencianista y el grupo mixto de la anterior
legislatura.
El líder valencianista indica en su escrito ante los grupos
parlamentarios que el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras
prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios vulnera
la Constitución Española en su artículo 14,
así como el reparto competencial establecido en el artículo
149 de la Constitución Española, la Ley General de
la Seguridad Social, el Reglamento de las Cortes Valencianas, la
Ley General de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
la legislación autonómica aplicable en la aprobación
de este tipo de leyes económicas y demás normativa.
Además,
este documento denuncia la inmoralidad que supone este Reglamento
y también pide a los grupos parlamentarios que, dentro de
sus competencias, acuerden presentar escrito oficial ante la Mesa
de las Cortes Valencianas manifestando su parecer contrario al Reglamento
de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas
a favor de los exparlamentarios y solicitando formalmente que se
eleve propuesta de derogación del mismo ante el pleno de
las Cortes Valencianas.
Por
último, cabe destacar que igualmente se ha presentado un
escrito ante la presidenta de las Cortes Valencianas, María
Milagrosa Martínez, poniendo en su conocimiento que tras
recibir el Expediente Administrativo la defensa letrada en este
contencioso está barajando la posibilidad de interponer querella
criminal contra el anterior presidente de las Cortes, D. Julio de
España, así como contra todos y cada uno de los miembros
que formaban parte de la Mesa y que votaron a favor del referido
Reglamento, por cuanto entienden que existe un presunto delito de
prevaricación, ya que estamos ante una resolución
manifiestamente injusta emitida por cargo público en el desempeño
de sus funciones, y además con el agravante, de que existe
un informe del Servicio Jurídico de la Cámara negativo
y que anunciaba su ilegalidad.