Coalicio Valenciana pide al Tribunal Contencioso que prosiga de oficio el pleito contra las pensiones de los diputados del que desistió el ex diputado Javier Tomás
7 de mayo de 2008Al amparo del artículo 74.4 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que autoriza al tribunal a rechazar el desistimiento cuando apreciare de oficio daño para el interés público
El presidente de Coalicio Valenciana, entidad promotora del recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de las Cortes valencianas que posibilitaba que los diputados y ex diputados valencianos cobren un finiquito a modo de despido y una pensión a modo de paro tras el cumplimiento de su mandato, ha comparecido ante la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con el fin de que no acepte el desistimiento del ex diputado del PP y CV, Javier Tomas Puchol y prosiga con el procedimiento con el fin de llegar hasta sentencia en la que se declare la nulidad del acuerdo de pensiones.
El artículo 74 de la ley contenciosa, manifestó Sentandreu, otorga una potestad, que más allá de la voluntad de las partes, y permite al tribunal proseguir el procedimiento aun cuando Javier Tomas desista del mismo como demandante, siempre y cuando la Sala aprecie de cuanta documentación obre en su poder que existe un daño para el interés público.
Javier Tomas, del que Sentandreu ha sido el abogado en el pleito, acudió al tribunal sin consultarlo ni con el partido ni con su letrado y desistió del pleito, lo que -en caso de ser rechazada esta nueva petición de Coalicio Valenciana- permitirá que los ex diputados valencianos se repartan mas de 50 millones de euros, unos 8 mil millones de pesetas, según el informe económico encargado por las Cortes a la Aseguradora Aseval.
El desistimiento unilateral de Javier Tomas provocó que el máximo órgano de gobierno de Coalicio Valenciana expulsara recientemente de forma fulminante a Javier Tomas, acordara jurarle la cuenta de honorarios y presentar una denuncia ante el Fiscal Anticorrupción ante un posible delito de compra de voluntades tras reconocer públicamente Javier Tomas sus “contactos con ex compañeros del PP que le convencieron para que retirara la demanda” de nulidad de las pensiones (LEMV 28.4.2008).
Sentandreu sustenta su escrito al Tribunal pidiendo la continuación procesal del pleito en base a que los 8 mil millones de pesetas que va a costar a la hacienda publica valenciana lo es en beneficio de unos diputados que van a gozar de un sistema de pensiones diferentes y duplicado del resto de ciudadanos valencianos y españoles.
Juan García calificó el sistema de pensiones como “un atraco a mano armada y una muestra de la desvergüenza e impudicia del PP, PSOE e IU con la que se reparten a manos llenas el dinero de los valencianos“.