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La Comisión de Cultura de Coalicio Valenciana ha encargado a los servicios jurídicos del partido la interposición de una querella criminal contra el ex presidente socialista de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, y contra el ex conseller de cultura, el también socialista, Cipriano Ciscar como autores de un delito contra el patrimonio.

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO
Para Juan García Sentandreu, el título segundo del capítulo sexto del código penal español, regula, persigue y pena los delitos contra el patrimonio cultural y sanciona con hasta tres años de prisión e inhabilitación para cargo público hasta cinco años en su artículo 321 a los políticos que "derribaren o alteraren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico artístico, cultural y monumental".

Lo que no puede ser es que después del esfuerzo personal que ha hecho el abogado Juan Marco Molines aquí no pasa nada, ni se piden responsabilidades. La sentencia del supremo es contundente y reconoce que se dan todos los elementos del tipo penal en la actuación tanto del presidente Lerma como del Conseller Ciscar. Ahora hay que pedir responsabilidades para que el ciudadano no se quede con la sensación de que los políticos gozan de una impunidad total.

Pero no sólo se quedará ahí, Coalicio Valenciana va a exigir que en cumplimiento del párrafo "in fine" del propio artículo 321 sean Joan Lerma y Cipriano Ciscar quien contra su propio patrimonio soporten los costes de la reversión de la ilegal obra de alicatado.

El código penal, añadió Sentandreu, dice que "en cualquier caso, los Jueces y tribunales, motivadamente podrán ordenar a CARGO DEL AUTOR DEL HECHO, LA RECONSTRUCCIÓN O RESTAURACIÓN DE LA OBRA". No puede ser una excusa para no cumplir la sentencia que el coste de la reversión va a ser como el de la propia construcción. hay que demoler y revertir el teatro cueste lo que cueste y que en función de la responsabilidad penal de Lerma y Ciscar, sean estos quienes afronten los costes hasta el límite de su solvencia personal y patrimonial.

Coalicio Valenciana exige al Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el inmediato cese de todas las responsabilidades orgánicas que tengan en el partido estos dos individuos y que ni por asomo participen en alguna lista electoral en la convocatoria del próximo 9 de Marzo, y mucho menos por nuestra Comunidad Valenciana a la que tanto daño han hecho.

DELITO DE DESOBEDIENCIA DEBIDA A LOS TRIBUNALES
Juan García Sentandreu ha querido dejar también claro que su partido no va a permitir enjuague alguno en torno al cumplimiento de la sentencia. La sentencia es tajante. No caben pactos ni componendas ni negociaciones de ni ningún tipo. La sentencia está para acatarla y cumplirla o para responder como autor de un delito de desobediencia debida a los tribunales, previsto y penado en el art. 410 del código penal, si las actuales autoridades políticas valencianas, aunque sean del PP, no la cumplen a rajatabla.

Se habla y se especula sobre negociaciones sobre el alcance de la reversión, lo que se quitará o se dejará. No se dejará nada porque así lo dice la sentencia. Su ejecución no puede quedar en manos de una o varias personas que puedan negociar su alcance. Las sentencias están para cumplirse, de lo contrario la credibilidad de la Justicia sería nula y lo que dice el tribunal Supremo es que la obra debe revertirse a su estado original, sin un gramo de mármol que no hubiera antes de la destroza socialista.

Si tras los 18 meses de ejecución de la reversión de la obra que impone el Supremo esta no está acabada, Coalicio Valenciana exigirá responsabilidades penales por delito de desobediencia a los tribunales contra los actuales responsables de patrimonio del PP de la Generalidad Valenciana. Se trata en definitiva que no nos tomen el pelo con un monumento que no es ni de una persona, ni de un partido, ni de la propia Generalitat, sino de todos los valencianos - apostilló Sentandreu.-