Sentandreu afirma que es necesario un cambio profundo de la Justicia
en España para terminar con Tribunales y Sentencias políticas
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo ha dictado sentencia resolviendo negativamente
el Recurso presentado por Coalicio Valenciana contra la legalidad
y constitucionalidad del Estatuto catalán. En este sentido,
el presidente de Coalicio Valenciana ha manifestado su perplejidad
por el cambio de criterio camaleónico que ha tenido el Alto
Tribunal en esta cuestión.
Sentandreu señaló que le sorprendía de forma
preocupante ese cambio de criterio efectuado por el Tribunal Supremo
con respecto al Estatuto catalán, manifestado igualmente
que el Fallo de esta sentencia pone en evidencia el actual marco
democrático y de participación ciudadana en las decisiones
del Estado, impidiendo que los particulares, asociaciones y colectivos
puedan acudir a la vía Contencioso-administrativa para impugnar
decisiones emanadas de los parlamentos, tanto en el ámbito
autonómico como nacional.
Por desgracia, dijo Sentandreu, esta resolución judicial
permite que el Estatuto catalán siga plenamente vigente,
cuestionando la actual configuración del Estado, quebrantando
principios constitucionales de los ciudadanos catalanes y atacando
la personalidad propia del idioma valenciana y de las instituciones
de la Comunidad Valenciana.
Por lo tanto, afirmó Sentandreu que “cerrado el camino
de la vía contencioso-administrativa, sólo quedaría
el recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual se encuentra
limitado sólo a los partidos políticos con representación
parlamentaria”, lo que viene a confirmar que el control judicial
a la política no existe y que el nuevo Estatuto catalán
es plenamente vigente y sin posible revisión constitucional,
ya que la misma se reduce a la acción de los propios políticos,
a través de un Tribunal “político”, como
es el Tribunal Constitucional, el cual se nombre por medio de las
mayorías parlamentarias.
Desde Coalicio Valenciana se pedirá una reorganización
de las instituciones democráticas españolas, así
como una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la legislación
contenciosa-administrativa, con el objetivo último de que
se habilite a los particulares, asociaciones y entidades la posible
impugnación de los diferentes acuerdos políticos,
parlamentarios y de acción de gobierno.