El
presidente de Coalicio Valenciana ha responsabilizado al gobierno
de Camps de ingenuidad y haberse dejado seducir por la posibilidad
de ser los primeros en aprobar una reforma estatutaria, sin percatarse
de los graves peligros que se introducían con una reforma
estatutaria torticera, sin respaldo social y exenta de un proyecto
político que recogiera la tradición política
como Reino que tiene la Comunidad Valenciana.
Para Sentandreu, la “Cláusula Camps” fue una
entelequia que demuestra la incompetencia de un Partido Popular
y un Partido Socialista valencianos incapaces de plantear una propuesta
política territorial propia y definida, del que resulta un
Estatuto inconcreto y al compás de las futuras reformas que
introduzcan vascos o catalanes.
Para el líder valencianista, el presidente Camps no puede
sorprenderse de que un futuro tripartito catalanista creado entre
PSPV-IU-Bloc pretenda pedir la autodeterminación, la inclusión
en los países catalanes o la creación de una república
bananera, ya que la “Cláusula Camps” deja esta
posibilidad en manos de los futuros gobiernos entrantes.
Así, Coalicio Valenciana aseguró que la “Cláusula
Camps” abre las puertas a posibles ampliaciones al compás
de las exigencias del nacionalismo exacerbado de vascos y catalanes,
convirtiendo la Comunidad Valenciana en “clave de ingobernabilidad”
gracias a la “Cláusula Camps” y a la incompetencia
de un PP valenciano más interesado en la foto y el canapé
que en hacer política efectiva.
Sentandreu acusó al presidente Camps que querer extraerse
de la gravísima responsabilidad que tiene al haber pactado
una reforma de Estatuto que da entrada a las futuras propuestas
que pueda plantear el catalanismo más reaccionario representado
por IU-Bloc.
El presidente de CV recordó que en su momento pidieron formalmente
en Las Cortes que se aparcara la “Cláusula Camps”
y la oficialización de la catalanista AVL, y se apostara
por reivindicar las máximas cuotas competenciales dentro
del estricto respeto al Estado de Derecho y la Constitución
mediante la actualización de nuestro régimen foral
en el nuevo marco constitucional establecido en 1978, superando
el Estatuto de 1982.